Advierte Segob posible liberación de delincuentes si se elimina prisión preventiva oficiosa

CIDH ha expresado su preocupación por posibles efectos negativos de esta medida

Foto: Cuartoscuro

Agencias/Elapogeoqroo

Ciudad de México, 16 de abril de 2024. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, advirtió sobre los posibles efectos de eliminar la prisión preventiva oficiosa en México, argumentando que esto podría llevar a la liberación de alrededor de 68 mil presuntos delincuentes. Esta medida cautelar, cuestionada por organismos internacionales, está contemplada en el artículo 19 de la Constitución y será discutida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días.

Según Alcalde, la eliminación de esta medida afectaría a presuntos delincuentes vinculados a graves delitos como homicidio, secuestro, violación y narcotráfico, entre otros. Además, señaló que representaría un riesgo para las víctimas, policías y la población en general.

Sin embargo, la discusión en la SCJN surge a raíz de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al respecto, Alcalde afirmó que no se pueden reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando están en juego la seguridad del Estado u otros intereses nacionales.

La prisión preventiva oficiosa fue incluida en la Constitución en 2008 y ampliada en 2019, abarcando 16 delitos diferentes. Esta medida establece que quienes sean vinculados a proceso por estos crímenes deben permanecer en prisión hasta que se dicte sentencia.

Organizaciones han criticado esta figura, argumentando que no garantiza el acceso a la justicia para las víctimas y puede llevar a la reclusión basada en presunciones falsas o falta de pruebas suficientes. Además, sostienen que ha aumentado el número de personas privadas de libertad sin sentencia, vulnerando derechos fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia.

La CIDH ha expresado su preocupación en dos ocasiones por los posibles efectos negativos de esta medida en los derechos humanos de las personas, lo que ha avivado el debate sobre su vigencia y efectividad en el sistema judicial mexicano.