Prohibiciones y regulaciones clave buscan proteger derechos fundamentales
Agencias/Elapogeoqroo
Bruselas, Bélgica, 21 de mayo de 2024. La Unión Europea ha aprobado de forma definitiva la ley de inteligencia artificial, que se implementará progresivamente hasta 2026. "Momento histórico", declaró Mathieu Michel, secretario de Estado de Digitalización de Bélgica, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea este semestre.
A partir de noviembre, estarán prohibidos los sistemas de inteligencia artificial que categorizan a las personas por creencias políticas, religiosas, filosóficas, así como por raza y orientación sexual. También se prohíben los sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento o características personales y aquellos diseñados para manipular el comportamiento humano.
Además, los sistemas utilizados para expandir o crear bases de datos faciales captadas de manera indiscriminada a través de internet o de grabaciones audiovisuales también estarán prohibidos.
La normativa permite ciertas excepciones para las fuerzas de seguridad, que podrán utilizar cámaras de identificación biométrica con autorización judicial para prevenir amenazas terroristas inminentes. Esta fue una de las cuestiones más debatidas durante las negociaciones, con el argumento de que ciertos usos son necesarios para garantizar la seguridad nacional. Así, estos sistemas también se podrán utilizar para localizar a los responsables de delitos graves como terrorismo, tráfico de personas y explotación sexual, así como para buscar a las víctimas.
Dentro de un año, entrarán en vigor los criterios de transparencia para los sistemas de inteligencia artificial generativa. Estos modelos deberán indicar claramente si un texto, una canción o una fotografía han sido generados mediante inteligencia artificial y garantizar que los datos utilizados para entrenar a los sistemas respetan los derechos de autor.
El reglamento categoriza la inteligencia artificial según el riesgo que representa para las personas. Identifica sistemas de alto riesgo que solo podrán utilizarse si demuestran que respetan los derechos fundamentales. Esto incluye sistemas que puedan influir en resultados electorales o los utilizados por entidades financieras para evaluar la solvencia y establecer calificaciones crediticias.
Las empresas que no cumplan con la normativa enfrentan multas que pueden llegar hasta 35 millones de euros (37.6 millones de dólares) o el 7% del volumen global de negocio. También se contemplan sanciones menores de hasta 7.5 millones de euros (8 millones de dólares) o el 1.5% del volumen global de negocio.
Con esta nueva ley, la Unión Europea busca equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de los derechos y la privacidad de sus ciudadanos, estableciendo un marco regulatorio claro y detallado para el uso de la inteligencia artificial.
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